Pinchazos, hackeo y Revolución


Una vez conocí a un dirigente político de oposición que me comentó que le gustaría salir en el programa La Hojilla, porque de esta manera lograría darse a conocer más entre quienes no respaldan al Presidente.
Recordé esta anécdota al notar cómo se ha institucionalizado la difusión de los “pinchazos” a dirigentes opositores, así como el hackeo a cuentas de Twitter. ¿Quién termina favorecido o perjudicado con estas prácticas? Algunos desde el sector oficial ven estas actuaciones como una gracia. Sin embargo,tal percepción de que todo vale en la guerra política le ha hecho un gran daño a la Revolución. Si bien muchos que han sido expuestos, luego se repliegan por temor, a otros, por el contrario, les ha ido muy bien con tanto ataque y han seguido avanzando en sus carreras. Quizá el favor más flaco que le hacen a la causa rojita es que, así como muchos opositores están siendo “vigilados”, la situación de Venezuela no deja de ser examinada internacionalmente, por lo que el Gobierno no puede desprenderse del sambenito de que aquí se violan derechos humanos o que la justicia no es independiente. Pinchazo, hackeo y Revolución no deberían estar juntos, pero lo están. Las dos primeras son aristas de un mismo triángulo: el de la impunidad.

¿En cuál democracia el Estado no investiga casos de violaciones a la comunicación privada? ¿Cómo se explica que quienes violentan la ley terminen siendo protegidos por la omisión de las autoridades? Según el artículo 21 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, publicada en la Gaceta Oficial número 37.313, del 30 de octubre de 2001. “Toda persona que mediante el uso de tecnologías de información acceda, capture, intercepte, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena, será sancionada con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 unidades tributarias”.

También se sanciona la violación a la privacidad de las comunicaciones, con base en las disposiciones constitucionales y la revelación indebida de data o información de carácter personal.

Por si fuera poco, el diputado al Parlatino, Walter Gavidia, dijo el jueves a la periodista Cecilia Caione lo siguiente: “Entiendo que graban conversaciones privadas entre las personas, yo las he visto que las pasan en la televisión, eso es indebido, es un delito”.

¿Dónde está la Fiscalía? ¿En qué quedó la supuesta investigación que abrió a hackeadores que intervinieron cuentas y las usurparon? ¿Por qué no actúa para perseguir y castigar a quienes cometen este tipo de infracciones?

Una cosa es divulgar de manera interesada una comunicación que haya sido grabada públicamente -lo cual a muchos en vez de dañarlos los catapulta- y otra es hacerlo con datos obtenidos de manera ilegal. Si el argumento es que en esas conversaciones hay asuntos que deben ser conocidos por el público vale preguntarse: ¿ Para qué? Porque que se sepa una grabación obtenida fraudulentamente no sirve como prueba de nada, sino para abultar el expediente de violaciones a la ley a las que el Estado venezolano no les para el trote.

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